INSEGURIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO ES CONSECUENCIA DE LA INJUSTICIA SOCIAL: ABEL PÉREZ ZAMORANO

ESTADO DE MÉXICO: INSEGURIDAD Y POBREZA CRECIENTES

 

Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Profesor-Investigador en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Chapingo

Abel Pérez Zamorano

Si en general es verdad que delincuencia e inseguridad están estrechamente asociadas a pobreza y bajo nivel educativo de la población, esta tesis se ve confirmada con creces en el Estado de México, como lo muestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) del INEGI. Por razones de método, vale aclarar que en ese ejercicio de cuantificación se emplea un indicador llamado “tasa de prevalencia delictiva”, que relaciona el número de delitos con el tamaño de la población, para evitar los sesgos que implicaría el empleo de números absolutos, que permitiría atribuir el número de delitos al de habitantes; ese factor, pues, queda descartado. Veamos ahora el panorama que registra la encuesta. En principio, el 90.7 por ciento de los mexiquenses expresan temor por su seguridad, siendo éste el porcentaje más alto en todo el país; y tal percepción no es meramente subjetiva: entre 2010 y 2012 la entidad pasó del séptimo al primer lugar nacional en materia de delitos, el mayor incremento en todo el país; en el estado se comete el 40% de los robos o asaltos en calle o transporte público, siendo que su población representa el 14% del total nacional.
 

No dejan de llamar la atención dos circunstancias más. Primero, que el porcentaje de denuncias de delitos ante las autoridades es muy bajo: en 2011 apenas el 11 por ciento, y al explicar este comportamiento, el 73 por ciento de los encuestados respondió que no lo hace porque piensa que no encontrará atención positiva a su demanda, razón por lo demás fundada, pues la entidad registra el más alto nivel de impunidad y fue la peor calificada en materia de atención a víctimas. Al recoger la opinión por entidad federativa de quienes en 2012 denunciaron delitos, en el Estado de México el 67 por ciento de ellos calificaron el trato del gobierno como malo o muy malo. En segundo lugar, no puede menos que sorprender que la entidad ocupe el primer lugar en delincuencia juvenil: 40.7 por ciento de los delincuentes identificados tenían 25 o menos años de edad, fenómeno perfectamente entendible si consideramos que el Estado de México ocupa el primer lugar en número de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Como decíamos al inicio, la delincuencia es un fenómeno estrechamente ligado a desempleo, pobreza, falta de oportunidades, de servicios públicos, vivienda y educación, y a la ausencia de expectativas de progreso social. Es, en una palabra, hija de la marginación social, el abandono y la pauperización, circunstancias que predominan hoy en el Estado de México, donde, según el Coneval, entre 2010 y 2012, el porcentaje de personas en pobreza aumentó de 42.9 a 45.3, ocupando el estado el cuarto lugar en ese proceso, sólo después de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, aunque a diferencia de aquellas entidades, fundamentalmente se trata aquí de pobreza urbana; tan sólo en los dos últimos años se agregaron 616 mil nuevos pobres. Y no sólo la pobreza en general, sino la extrema laceran la vida de la sociedad mexiquense: hay en el estado un millón 200 mil personas cuyos magros ingresos les impiden adquirir la canasta básica alimenticia (Secretario ejecutivo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social), una violenta paradoja, pues siendo la entidad una de las más industrializadas, y segunda en contribución al PIB, ocurre que en municipios como San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Ixtapan del Oro, Donato Guerra, Zumpahuacán, Sultepec y Luvianos, el 80% de la población sufre pobreza extrema (Coneval 2012). El estado ocupa el tercer lugar nacional con hambre, pues 31.6 por ciento de la población tiene carencias para acceder a la alimentación, superado en esto sólo por Guerrero y Tabasco; “… estamos hablando de personas que tienen un ingreso menor a los dos mil pesos al mes (Fuente: delegado de SEDESOL en el Estado de México, Fernando Alberto García Cuevas). Desde que inició la actual administración estatal, la proporción de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso proveniente únicamente de su trabajo se incrementó 19 por ciento (Coneval).

Por otra parte, la entidad ocupa el tercer sitio en trabajadores en el comercio informal, donde labora una tercera parte de los ocupados (Presidente de la Canaco-Servitur; ENOE, 2012). Pero ante este cuadro de escandaloso deterioro del bienestar social, lo más preocupante es la extrema insensibilidad del gobierno y las empresas; particularmente la voracidad del monopolio del transporte resulta insaciable, y viene a agravar las cosas. Para favorecer las ganancias del pulpo camionero, en los últimos tres años el costo del pasaje registró un incremento acumulado de 63 por ciento; nada que ver con el porcentaje de incremento salarial; de hecho, en el Estado de México se cobran las tarifas más elevadas (Fuente: SCPT). Ocupa asimismo, según INEGI, el deshonroso tercer lugar nacional en desempleo, y del total de trabajadores asalariados, poco más de la cuarta parte están afiliados al IMSS (Fuente: STPS).
 

En este ambiente social, no es de extrañar que la delincuencia haya crecido exponencialmente, pues no existen condiciones para una vida digna, y, en cambio, predomina una profunda y creciente insatisfacción social, fermento social idóneo de crispación y malestar. Consecuentemente, los altísimos niveles de inseguridad antes descritos no podrán abatirse, como viene intentando infructuosamente el gobierno del estado, mediante sometimiento físico, con más cárceles y policías, y acallando el descontento. La solución es social y debe ser efectiva, e implica la plena satisfacción de las necesidades de todos los mexiquenses, lo cual demanda una mejor distribución del ingreso. Ante tal estado de cosas sólo resta a los habitantes de más bajos recursos hacerse escuchar y respetar, y, así, convertidos en una fuerza política respetable, reclamar colectivamente sus derechos. Si ellos generan tanta riqueza, es preciso que su esfuerzo les sea justamente retribuido, con mejores salarios, prestaciones laborales de ley y un gasto público efectivamente orientado en beneficio de los sectores de más bajos ingresos.

Fuente: www.la-verdad.com.mx/estado-mexico-inseguridad-y-pobreza-crecientes-45019.html